En la Alcaldía de Santo Domingo Este, ha resurgido una práctica controversial conocida como «Servicios Prestados». Este mecanismo consiste en pagos irregulares a personas que, según la administración municipal, realizan ciertos trabajos pero sin tener contratos formales. Durante la gestión de Manuel Jiménez, esta forma de pago fue eliminada, y todos los trabajadores fueron incorporados a la nómina, otorgándoles derechos laborales plenos. Sin embargo, en la actual administración, esta práctica ha vuelto a implementarse, generando preocupaciones sobre posibles casos de corrupción y la explotación de trabajadores.
Los Servicios Prestados permiten a la administración realizar pagos a individuos por trabajos supuestamente realizados, pero sin ofrecerles contratos formales ni garantías laborales. Esta situación deja a los trabajadores sin acceso a seguros de salud, vida y otras prestaciones que deberían estar garantizadas por ley.
En tiempos de Manuel Jiménez, se tomó la decisión de acabar con esta práctica, integrando a todos los trabajadores en la nómina oficial del ayuntamiento. Esto les otorgó derechos laborales completos, incluyendo seguro de salud, prestaciones de vida y otros beneficios esenciales. La medida fue vista como un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores municipales y en la transparencia de la gestión de recursos públicos.
Sin embargo, en la actual administración, los Servicios Prestados han vuelto a implementarse. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y los defensores de los derechos laborales. La falta de contratos formales y garantías laborales coloca a los trabajadores en una posición vulnerable, donde pueden ser explotados sin recibir los beneficios que les corresponden por ley.
Además, la reaparición de esta práctica suscita sospechas de posibles casos de corrupción. La falta de transparencia en los pagos y la ausencia de contratos formales dificultan el seguimiento y la supervisión de los fondos públicos, creando un entorno propicio para la malversación de recursos y otras irregularidades.
La comunidad de Santo Domingo Este y las organizaciones defensoras de los derechos laborales exigen que la administración municipal ponga fin a esta práctica y garantice la protección de los derechos de todos los trabajadores. Es fundamental que se restablezca la transparencia en la gestión de recursos públicos y se asegure que todos los empleados municipales tengan acceso a los beneficios y garantías laborales que les corresponden.
